Origen e historia del Banco de España
El Banco de España tiene una larga tradición histórica, que hunde sus raíces en el siglo XVIII.
El Banco de San Carlos
En 1782, el rey Carlos III creó en Madrid una sociedad por acciones, cuya propiedad correspondía a instituciones y sujetos particulares. Los principales gobernantes ilustrados de la época, como el primer secretario de Estado, el conde de Floridablanca, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel de Múzquiz y Goyeneche, y el fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, apoyaron la creación de este instituto bancario. Aunque no era un banco público, gozaba de la protección de la Corona, y mantenía estrechos lazos financieros con el Estado. Se llamó Banco Nacional de San Carlos.
El principal objeto del Banco Nacional de San Carlos era la reducción o descuento de vales reales a metálico. Los vales reales eran una modalidad de deuda pública, cuyos títulos, además de proporcionar una rentabilidad determinada a su poseedor, tenían capacidad liberatoria en grandes pagos, por lo que son considerados la primera manifestación de papel moneda existente en España. El creador de los vales reales fue Francisco Cabarrús, un comerciante ilustrado de origen francés, quien sería asimismo fundador del Banco Nacional de San Carlos y miembro nato de su dirección. En 1789 recibiría de Carlos IV el título de conde de Cabarrús. El Banco Nacional de San Carlos tenía también, entre otros cometidos, el descuento de letras de cambio y efectos de comercio, los préstamos con garantía y la financiación de actividades del Estado.
Al año siguiente de su institución empezó a emitir los primeros billetes llamados «cédulas». Estas cédulas garantizaban un inmediato reembolso en metálico, reembolso que efectuaría el propio banco emisor; se canjeaban al portador sin producir ningún interés, lo cual les diferenciaba de los vales reales. Este carácter de cédula o billete duró hasta la guerra civil española, por eso todos los billetes llevaban la leyenda «El Banco de España pagará al portador…». La frase sobrevivió hasta 1976, pero había perdido valor legal desde la ley de noviembre de 1939.
Sin embargo, los billetes en cuestión, las cédulas, no tuvieron ningún éxito, debido a la abundancia de moneda de plata circulante en España a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX y a la propia existencia de los vales reales. En 1790, Francisco Cabarrús y los restantes directores fueron relevados de sus cargos, debido a la aparición de pérdidas causadas en determinadas competencias del Banco de San Carlos, y bajo la sospecha de irregularidades. Cabarrús fue procesado y encarcelado preventivamente. Al cabo de seis años se sobreseyó la causa y Cabarrús quedó reintegrado a su puesto, aunque rodeado por un equipo directivo diferente y ajeno a su voluntad.
Entre los años 1793 y 1814, España se vio implicada en una serie de guerras que arrastraron al Banco y lo situaron en serias dificultades, causadas principalmente por la considerable deuda que el Tesoro había contraído con el Banco a lo largo de esos veinte años de conflictos. Finalmente, en el año de 1829 se encontró una solución para dicho débito, gracias al ministro de Hacienda del rey Fernando VII, Luis López Ballesteros, quien además de tomar ciertas medidas financieras innovadoras, concibió la idea de dotar al Banco de San Carlos con un fondo de 40 millones de reales.
Con esta ayuda los accionistas, decidieron fundar una nueva institución con el nombre de Banco Español de San Fernando (por ser rey Fernando VII). Este nuevo banco consiguió la facultad de emitir billetes en régimen de monopolio en Madrid. A lo largo de quince años mantuvo una continua actividad bancaria en el ámbito de la capital de España, con especial dedicación a las necesidades financieras del tesoro, en unos años en que afianzaba el naciente régimen liberal, y especialmente durante la primera guerra carlista.
En 1844, el Gobierno autorizó la apertura de un nuevo banco emisor en Madrid, el Banco de Isabel II, cuyo principal inspirador fue el financiero José Salamanca y Mayol. En el mismo año fue aprobada la creación de un banco emisor en Barcelona y en 1846 la de otro similar en Cádiz. Cada uno de estos bancos tenía facultad de emitir sus propios billetes y de ponerlos en circulación en sus respectivos ámbitos locales, además de desenvolver sus restantes actividades crediticias, salvo el caso de Madrid, donde compitieron las dos entidades existentes en ella.
Al cabo de tres años, y en plena crisis financiera internacional de 1847, el Gobierno decidió resolver las dificultades por las que atravesaban los dos emisores de Madrid, principalmente el Banco de Isabel II, mediante la fusión de ambos. La entidad resultante de dicho proceso conservó el nombre de Banco Español de San Fernando. Las consecuencias de la crisis fueron duraderas, y tras diversos cambios legales, fue nombrado en 1849 gobernador del Banco Español de San Fernando el exministro de Hacienda Ramón Santillán. Santillán llevó a cabo, entre 1851 y 1856, una ejemplar labor de saneamiento financiero dentro de la entidad.
Nacimiento del Banco de España
Tras la Revolución de 1854, la legislación bancaria de 1856, de inspiración netamente liberal, permitió, entre otras modificaciones, que el Banco de San Fernando pasara a llamarse Banco de España, cuyo primer gobernador siguió siendo el del Banco de San Fernando, Ramón Santillán. A pesar de la denominación de Banco de España, esta institución solo operaba entonces en Madrid, Valencia y Alicante, ciudades en que abrió sucursales en 1858. Otras diecinueve localidades españolas, entre ellas los principales centros industriales y mercantiles, como Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Valladolid o Santander, contaron con sus propios bancos de emisión y descuentos dentro del período 1856-1874.
El 19 de marzo de 1874 las acuciantes y forzosas necesidades financieras causadas por la tercera guerra carlista y por la guerra de los Diez Años, simultánea a la anterior, obligaron al entonces ministro de Hacienda en el Gobierno de la Primera República, José Echegaray, decretar la fusión de todos los bancos emisores locales con el Banco de España. No obstante, a estos últimos se les dejaba la opción de continuar con su actividad comercial y crediticia, aunque sin facultad de emitir billetes, cuyo monopolio en todo el territorio de la nación, correspondería, en adelante, al Banco de España. A dicha posibilidad solo se acogieron los Bancos de Barcelona, Bilbao, Reus, Santander y Tarragona. A cambio del privilegio emisor, el Banco de España concedió un crédito de 150 millones de pesetas.
A partir de entonces, el Banco de España estableció una densa red de sucursales en toda la nación, comenzando por los antiguos de bancos emisores absorbidos. A finales del siglo XIX, había más de cincuenta sucursales del banco en todas las capitales de provincia y ciudades de importancia mercantil. Es preciso subrayar que, en esta época, el Banco de España –que seguía siendo una sociedad por acciones de propiedad privada, aunque el gobernador y los subgobernadores eran nombrados y aprobados respectivamente por el Gobierno- simultaneaba la emisión de billetes y el crédito al tesoro público con actividades de préstamos y descuentos con particulares a través de sus oficinas en las diferentes ciudades españolas. Con la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, el Banco de España se consagró como banco de bancos, o banco central, desarrollando –de acuerdo con el Gobierno- nuevos instrumentos de política monetaria. Tras la guerra civil española, el Banco de España perdió competencias y autonomía a favor del Ministerio de Hacienda. Entre dichos cambios los más importantes fueron:
- Con las reservas españolas (2202 millones de pesetas-oro) situadas en el Banco de España en Madrid se pagaron al contado a Francia (616 millones) y a Rusia (1586 millones) a fin de obtener armas para el bando republicano, mientras que la España sublevada se financiaba armamentísticamente principalmente a través de créditos internacionales (aunque podemos citar los ~700 millones de dólares-oro que se pagaron a Alemania o las 5500 libras esterlinas-oro que se pagaron a Italia). El petróleo vino de los Estados Unidos en beneficio de los sublevados, mientras que Rusia y México mandaron al bando republicano. Finalmente, en septiembre de 1936 los sublevados crearon su propio Banco de España con sede en Burgos.
- En 1939 se creó el Instituto Español de Moneda Extranjera, que tuvo a su cargo, en exclusiva, las competencias de la definición del tipo de cambio oficial de la peseta y el cambio de moneda extranjera por española, y viceversa, dentro del territorio nacional.
- A partir de la Ley de Ordenación Bancaria de 1946, la política monetaria pasó a ser competencia del Gobierno, a quien correspondería, entre otras funciones, la fijación de tipos de interés y descuento, tanto en operaciones de activo como de pasivo, para toda la banca española.
- Asimismo aumentó el número de consejeros del Banco de España nombrados por el Estado, que pasó de tres –como estaba vigente desde 1931- a cinco. También se dispuso el recorte de dividendos, a favor del Estado.
- En ese mismo año, el Banco de España perdió la facultad de elegir los fabricantes de billetes, de los que se haría cargo, en adelante, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
El Banco de España siguió su andadura, aún como entidad privada, en el contexto de esta política autárquica, hasta 1962, en que una nueva Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca, más acorde en su contenido con la liberalización experimentada por la economía española, a raíz del Plan de Estabilización de 1959, devolvió algunas de sus competencias al Banco de España. Dentro de estos cambios se produjo la nacionalización del Banco de España y el cese de su actividad de banca privada.
De aquí pasamos a otras fechas clave en la historia del banco:
- 1980: Ley de Órganos Rectores del Banco de España.
- 1994: Ley de Autonomía, siguiendo las directrices del Tratado de Maastricht.
Estas dos leyes han otorgado al banco una gran libertad y flexibilidad gubernamental, sobre todo en lo referente a la política monetaria. En la actualidad el Banco de España está integrado en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (desde 1998).
Crisis internacional de 2008
La crisis internacional tuvo un impacto muy significativo en la economía española. La práctica desaparición de algunos de los principales mercados de capitales mayoristas desde 2007 a 2008, como el interbancario o el de titulizaciones, dificultó la normal financiación de las entidades de crédito españolas, que en aquellos momentos presentaban cuantiosas necesidades de financiación exterior.
El papel del Banco de España en la detección y tratamiento de las crisis financiera, cuya consecuencia principal ha sido una factura de dinero público superior a los 40 000 millones, ha sido objeto de controversia y acusaciones cruzadas entre los diferentes partidos políticos desde que se formó el gobierno de Mariano Rajoy a finales de diciembre de 2011.
Existe constancia de que en fechas cruciales de la crisis, concretamente en 2008, la supervisión del Banco de España modificó las normas contables exigibles a las instituciones financieras. Estos cambios normativos tuvieron como consecuencia aliviar y diferir el apunte en los balances bancarios del crecimiento excesivo de la morosidad causado por la crisis, sobre todo en lo que se refiere a la refinanciación de préstamos. Dicho de otro modo, gracias a las instrucciones dadas por el Banco de España en el momento de mayor crudeza de la crisis, las entidades de crédito habrían podido disimular el efecto destructivo de la morosidad y diferir las correcciones necesarias.
La estrategia adoptada por el Banco de España para hacer frente a la crisis buscaba evitar la quiebra en cadena de un buen número de instituciones financieras. Esa estrategia perseguía, utilizando recursos privados y públicos y cambios legales e institucionales, evitar la contaminación de todo el sector bancario español, haciendo posible su posterior reestructuración, eliminando el riesgo de que se produjera una crisis de confianza, tanto en los mercados como entre los depositantes.
Primaron las soluciones privadas mediante el saneamiento del balance de las entidades con sus propios recursos, a través de operaciones corporativas, acudiendo al propio sector a través del FGD y, solo en última instancia, mediante la inyección de fondos públicos, incluida la ayuda europea asociada al programa de asistencia financiera firmado en 2012. No hay que olvidar que entre 2008 y 2013 las entidades de crédito españolas realizaron saneamientos por un total cercano a los 270 000 millones de euros, asumidos en su mayor parte por los accionistas de esas entidades. Hay que subrayar que los depósitos de clientes no sufrieron pérdida alguna.
Fuente: Wikipedia