Artículo 9 de la Constitución Española
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Explicación del artículo 9 de la Constitución Española
El artículo 9 de la Constitución Española establece una serie de principios fundamentales relacionados con el estado de derecho, la promoción de la libertad y la igualdad, así como la garantía de ciertos principios legales y de seguridad. A continuación, se detallan los puntos clave de este artículo:
- Sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico: Tanto los ciudadanos como los poderes públicos están obligados a acatar y respetar tanto la Constitución como el resto del ordenamiento jurídico. Esto asegura el respeto por el sistema legal y los principios establecidos en la Constitución.
- Promoción de libertad y igualdad: Los poderes públicos tienen la responsabilidad de fomentar las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y los grupos sean reales y efectivas. También deben eliminar obstáculos que puedan dificultar el pleno ejercicio de estos derechos y facilitar la participación de todos los ciudadanos en diversos aspectos de la vida.
- Garantía de principios legales y de seguridad: La Constitución establece varios principios legales que deben ser respetados, como el principio de legalidad, la jerarquía normativa (las normas tienen un orden jerárquico en su aplicación), la publicidad de las normas (las leyes y reglamentos deben ser públicos), la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica (la certeza en la aplicación de la ley), la responsabilidad y la prohibición de la arbitrariedad por parte de los poderes públicos.
En resumen, el artículo 9 establece principios fundamentales que rigen la relación entre ciudadanos y poderes públicos, y enfatiza la importancia de la promoción de la libertad, la igualdad y la aplicación justa y consistente de las leyes y reglamentos.