Mecanismo de fijación de precios de la luz
Existen críticas al sistema de fijación de precios mediante mecanismos marginalistas, es decir, que el precio lo fija la fuente de energía más cara cuya oferta haya sido aceptada. Normalmente las fuentes de energía más caras son los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón o el gas, pues deben importarse y transportarse, a menudo desde muy lejos a la central de producción, y, además, cuentan con impuestos que penalizan la emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero. Las más baratas son las renovables, pues utilizan recursos naturales. Por tanto, la electricidad producida con energía eólica o hidráulica, mucho más barata, se le acaba cobrando al consumidor al precio de la energía más cara en ese momento, lo que supone un precio muy superior al coste de producción. Este sistema ha sido muy criticado porque maximiza los beneficios de las cuatro importantes compañías eléctricas del país.
Iberdrola desembalsó en verano de 2021 más de un 70% del agua almacenada en el embalse de Ricobayo, provincia de Zamora, para producir electricidad, en un momento en el que el precio final de la electricidad alcanzaba máximos históricos. La energía producida con el desembalse se pagó al precio del gas, muy elevado en ese momento, mientras que esta energía es una de las más baratas. La ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, llegó a calificar la maniobra de escandalosa.
Aunque este mecanismo proporciona, en teoría, los incentivos óptimos para la operación e inversión, se argumenta en ocasiones que es muy vulnerable al posible ejercicio del poder de mercado. Habitualmente se sugiere su substitución por un mecanismo «pay-as-bid», raramente usado (siendo el mercado de ajustes en Gran Bretaña quizá la excepción más relevante) y que, se argumenta por parte contraria, puede originar serios problemas de eficiencia debido a la necesidad de los agentes de anticipar las ofertas de la competencia.
En otoño de 2021, el gobierno presidido por Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español y Podemos, propuso a la Unión Europea realizar compras conjuntas de gas para rebajar la incidencia que el coste disparado de este recurso energético estaba teniendo en el global del precio del Kwh del mercado mayorista, que estaba registrando récords nunca antes vistos. Tras las reticencias de varios países a reformar el sistema mayorista de fijación de precios, el gobierno de España pidió a la Unión Europea poder regular el precio de forma diferenciada.
Beneficios caídos del cielo
Al cobrarse las energías más baratas de producir al precio de las más caras, las eléctricas consiguen unos márgenes de beneficio desproporcionados. Se conocen como windfall profits, beneficios caídos del cielo. Joan Baldoví, diputado de Compromís por la provincia de Valencia en el Congreso de los Diputados, saltó a la escena mediática criticando que «pagamos un bocata de calamares a precio de caviar iraní» y añadió que «hay que acabar de una vez con este timo. Hay que hacer auditorías para saber lo que cuesta la luz y pagar por lo que vale realmente».
El 13 de septiembre de 2021, el gobierno presidido por Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español y Podemos, anunció que recortaría estos beneficios para atenuar la subida del precio de la luz ocasionada por la subida histórica de los precios del gas. La patronal del sector de la energía núclear respondió amenazando con el cierre anticipado de las centrales nucleares. El decreto para realizar el recorte fue aprobado en el Congreso de los Diputados el 15 de octubre de 2021. PNV, Junts y PDeCAT se abstubieron. PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra.
Fuente: Wikipedia