España reclama históricamente la retrocesión de la colonia, actualmente con estatus de territorio británico de ultramar, de Gibraltar, si bien se ha mostrado últimamente favorable a fórmulas de soberanía compartida. La reclamación comenzó desde el momento en que tropas angloholandesas tomaron la plaza en nombre del archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión Española (1704), pasando posteriormente a manos británicas mediante el Tratado de Utrecht (1713). La reivindicación, que incluyó operaciones militares, fue particularmente intensa durante el siglo xviii, languideció durante el xix y la primera mitad del xx y fue llevada por el gobierno franquista a la Organización de las Naciones Unidas durante la década de 1960. Allí, encuadrada en los procesos descolonizadores, España obtuvo el respaldo a su postura al reconocer las resoluciones al efecto (2231 y 2353) que el proceso descolonizador debía respetar el derecho a la integridad territorial de España y que los intereses, y no los deseos de los gibraltareños, debían ser respetados. España no reconoce, sin embargo, la soberanía británica sobre el istmo que une el continente con el peñón.
Por otra parte, Portugal no reconoce la soberanía española sobre la comarca pacense de Olivenza, que incluye los municipios de Olivenza y Táliga (si bien no reclama activamente su soberanía), cedida por Portugal a España mediante el Tratado de Badajoz (1801). Las resoluciones del Congreso de Viena son interpretadas de forma divergente por ambos países. Mientras que Portugal estima que aquellas obligaban a España a devolver Olivenza, España opina que se trata de una simple declaración de buenos deseos, sin capacidad resolutiva, razón por la que Olivenza siguió unida a España. Finalmente, aunque España reconoce la soberanía portuguesa sobre las islas Salvajes (un diminuto archipiélago deshabitado en el Atlántico, a 160 kilómetros al norte de Canarias y a 280 al sur de Madeira), se opone a la pretensión de Portugal de establecer una zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas en torno al territorio, reconociendo solo 12 millas de mar territorial.109110
También la soberanía sobre la deshabitada isla de Perejil se encuentra disputada con Marruecos, lo que llevó incluso a un incidente armado en 2002, aunque por acuerdo entre ambos países no se encuentra asentada allí ninguna fuerza militar o policial, sin que ninguna de las partes haya renunciado a sus pretensiones de soberanía. Por otra parte, Marruecos reclama informalmente la cesión de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como las denominadas plazas de soberanía en el continente africano. Algunos movimientos irredentistas en Marruecos, como el Partido Istiqlal, reclaman la inclusión en el denominado «Gran Marruecos» de las islas Canarias.