Artículo 103 de la Constitución Española
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Explicación del artículo 103 de la Constitución Española
El Artículo 103 de la Constitución Española establece los principios y normas que rigen la Administración Pública en España. Aquí está la información clave contenida en este artículo:
- La Administración Pública debe servir los intereses generales de manera objetiva. Además, debe actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. La Administración Pública está sujeta plenamente a la ley y al Derecho.
- Los órganos que conforman la Administración del Estado son creados, regulados y coordinados conforme a la ley.
- La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, estableciendo normas sobre su estatus laboral y derechos. El acceso a la función pública se llevará a cabo siguiendo los principios de mérito y capacidad, lo que significa que los candidatos deben ser seleccionados en función de su idoneidad para el cargo. La ley también abordará aspectos relacionados con el ejercicio del derecho a la sindicación por parte de los funcionarios, el sistema de incompatibilidades para asegurar que no haya conflictos de interés y las garantías para mantener la imparcialidad en el desempeño de sus funciones.
En resumen, el Artículo 103 establece los fundamentos y principios de la Administración Pública en España, enfatizando la objetividad, la eficacia, la coordinación y el cumplimiento de la ley. También establece las normas sobre los órganos administrativos y los funcionarios públicos, incluyendo sus derechos y responsabilidades.