Sector público de Barcelona


Sector público de Barcelona

Históricamente el sector público ha tenido relativamente poco peso dentro de la economía catalana, aunque desde la transición y la recuperación del autogobierno, ha ido ganando peso. La principal aportación a la economía que ha hecho el sector público ha sido la construcción de grandes infraestructuras, que han permitido el desarrollo comercial e industrial. Desgraciadamente, a menudo estas infraestructuras se han demostrado insuficientes, y sus ampliaciones se han demorado frecuentemente lustros, o directamente han tenido que ser construidas con capital privado convirtiéndose así en infraestructuras de pago. Esto se ha debido a las transferencias de capital que el sistema autonómico exige de las comunidades más ricas y dinámicas hacia las comunidades más estancadas económicamente, con la notable excepción de País Vasco y Navarra que a pesar de tener una economía dinámica, y una de las rentas per cápita más altas del país no aportan fondos de solidaridad. Este proceso de transferencia ha permitido el desarrollo de las zonas más deprimidas, pero también ha acabado lastrando las más dinámicas por la saturación de sus infraestructuras, que no han sido ampliadas debidamente por la falta de fondos, y la escasa prioridad otorgada a estas actuaciones. También ha acabado por deteriorar los servicios públicos, ya que el sistema de transferencia económico, al haber sido muy opaco y no estar regido por parámetros evaluables, ha acabado por asignar en muchos casos menos fondos por habitante en las zonas más ricas, produciéndose así un deterioro de sus servicios y un agravio para sus ciudadanos. Un reciente estudio del Instituto de Estudios Fiscales evalúa la aportación neta de las comunidades autónomas mediante las balanzas fiscales a los fondos de compensación territorial. Según este estudio, la publicación de las balanzas fiscales es un “fenómeno singular” en el contexto internacional.​ La estimación utiliza seis métodos distintos para hacer el cálculo, y según este informe destacan, como principales portadoras netas de recursos, las comunidades de Baleares (con entre un 14,2% y un 7,47% de su PIB ), Madrid (con entre un 9,13% y un 5,57%), Cataluña (con entre un 8,7% y un 6,38%) y Valencia (entre el 6,4% y el 3,22%).

Este mecanismo ha sido recientemente revisado a raíz de la aprobación del nuevo estatuto de autonomía de Cataluña, en el que se dispone que en una comunidad, después de ser solidaria con las demás, la inversión per cápita no puede ser inferior que una que recibe esos fondos. Este nuevo sistema de reparto de fondos utiliza baremos evaluables y comparables, como es el criterio de población ajustada, para asignar los fondos, aunque este sistema afecta solo a los servicios, las infraestructuras seguirán siendo discreción del ministerio de fomento.

En cuanto al reparto de instituciones, la tradicional acumulación de las sedes de entidades públicas, incluso las teóricamente independientes del gobierno, en Madrid, que tanto la han beneficiado económica y políticamente, empezó un proceso de distribución con el traslado del ente regulador de las telecomunicaciones a Barcelona,​ no sin grandes reticencias de sus trabajadores y del gobierno de la Comunidad de Madrid, o la más reciente instalación del nuevo centro de denuncias automatizadas en León. También destaca la ubicación en Barcelona del centro nacional de computación, con la compra del mayor superordenador de España, el MareNostrum.


 

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